En un mundo cada vez más dinámico, en el que la seguridad implica un factor decisivo para las relaciones civiles, comerciales, laborales, etc., reviste una importancia trascendental la realización de contratos en los cuales se asiente la voluntad de las partes para someterse al cumplimiento preciso de lo pactado y que ante la eventualidad de incumplimiento pueda ser exigido ante las autoridades.
Así un contrato es un documento legal firmado por las partes obligadas al cumplimiento de ciertas prestaciones, tradicionalmente consistente en un dar, hacer, abstenerse de hacer o permitir ciertos actos. Por ejemplo existen contratos de compraventa, arrendamiento, prestación de servicios, y muchos más, algunos con características típicas y otros incluso innominados o atípicos, principales, accesorios, etc.
Las relaciones obligacionales, ya no basta que se expresen meramente a la palabra, máxime si implican la concesión de actos o prestaciones importantes, como se hacía con mayor frecuencia en el pasado. Es en consecuencia importante que sean otorgados por escrito, incluso para dar más certeza, ante un notario público u otra autoridad como un mediador autorizado.
En caso de incumplimiento por alguna de las partes contratantes, la parte afectada podrá acudir ante las instituciones judiciales, o en su caso administrativas a demandar o exigir el cumplimiento contenido en las cláusulas que forman parte del mismo.
Lo que se busca ante la suscripción de un contrato es que las partes tengan la certeza de que el cumplimiento no quede a la voluntad de las partes, y así pretender asegurar las prestaciones objeto del mismo. No siempre los contratos se apegan estrictamente a las disposiciones jurídicas o se redactan con errores que pueden traer como consecuencia que en un juicio puedan ser anulados o incluso declarados inexistentes, de ahí la recomendación que debe ser elaborado por un profesional del derecho que pondere todos los elementos necesarios tanto de existencia, como de validez.
Un contrato escrito puede llegar a ser sencillo de una o dos hojas de texto, o incluso de cientos o miles, por lo cual puede ser complicado, extenso y difícil de asimilar o desentrañar, que incluso puede llegar a ser motivo de interpretación acorde a la voluntad de las partes y la unidad del clausulado, o en ocasiones acorde a una interpretación en armonía con las disposiciones legales que pudieran regirlo.
De ahí la necesidad de contar con un profesional del derecho que redacte y en su caso revise y explique el alcance detallado de su contenido con un lenguaje claro. Sin embargo lo importante es no dejar al azar y a la buena voluntad de las partes el cumplimiento de las prestaciones que se buscan, ya sea por falta de contrato o por la mala redacción o por no dimensionar los alcances del mismo.